Uno de los propósitos de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, Ley 1-2012, según enmendada, es velar por que los intereses personales de los servidores públicos no sustituyan los intereses de la ciudadanía. Las disposiciones articuladas en la Ley tienen como norte evitar que se vulnere la pureza de las responsabilidades de los empleados públicos con los puestos que ocupan, ya sea por menoscabo o por conflicto de intereses.

Se aspira, por lo tanto, que los servidores públicos mantengan una conducta que garantice el debido y eficiente funcionamiento de las instituciones gubernamentales y la confianza depositada por el Pueblo en su Gobierno.

 

 

 

 

Definiciones

Agencia: los organismos de la Rama Ejecutiva del Gobierno, las corporaciones públicas, los municipios y sus legislaturas, las corporaciones especiales para el desarrollo municipal, los consorcios municipales, las juntas y aquellas entidades que estén bajo la jurisdicción de esta Rama.

Actividad Política: acontecimiento en el que una o más personas promueven, a favor o en contra, una determinada candidatura, partido político o asunto que será considerado por el electorado.

Beneficio: cualquier provecho, utilidad, lucro o ganancia, sin limitar término a una ganancia pecuniaria o material, sino que denota cualquier forma de ventaja.

Candidato: persona que anuncia públicamente su intención de aspirar a un cargo público electivo o que, sin ser candidato de un partido político, anuncie públicamente su intención de aspirar a un cargo o figure en una papeleta electoral.

Conflicto de intereses: aquella situación en la que el interés personal o económico está o puede razonablemente estar en pugna con el interés público.

Intereses Electorales: la plataforma, la agenda, el ideal, las fórmulas o las tendencias de un partido político o de un candidato.

Partido Político: los grupos, entidades u organizaciones regidos por la Ley Electoral de Puerto Rico, según enmendada o. cualquier ley que la sustituya.

Servidor Público: persona en el Gobierno que interviene en la formulación e implantación de la política pública o no, aunque desempeñe su encomienda permanente o temporeramente, con o sin remuneración. También, incluye al contratista independiente cuyo contrato equivale a un puesto o cargo, o que entre sus responsabilidades está la de intervenir directamente en la formulación e implantación de la política pública.